Por Carlos Malpica
UNA CONSTANTE HISTÓRICA
Constituye una constante desde los albores de la república, el vínculo entre política y corrupción. En cuanto el gobierno dispuso de la renta del guano, no sólo la destinó al mantenimiento de la burocracia civil y militar y a la construcción de obras públicas, sino también al pago de reales y supuestas deudas adquiridas para el sostenimiento del ejército que luchó por la independencia. A través del proceso denominado “Consolidación de la deuda externa e interna” se reconocieron cuantiosas deudas, muchas de ellas fraguadas, ya que se estableció un reglamento generoso al respecto.
En determinados casos, a falta de documentos probatorios, bastó la “palabra de caballero” del acreedor o de sus descendientes para aceptar como legítima la acreencia.
El gobierno de Echenique en especial fue criticado acremente por su liberalidad al respecto.
Pero sus más acérrimos críticos cometieron a la vez, faltas semejantes con la liberación de los esclavos. Escudándose en las grandes frases de libertad fraternidad e igualdad entre los hombres, reconocieron la manumisión de esclavos ya fallecidos o que nunca existieron. Se calcula que los pagos a los dueños de esclavos correspondieron por lo menos al doble de los negros realmente existentes.
EL GUANO
Simultáneamente surgió el escándalo de los consignatarios del guano. Al principio se trató de casas comerciales extranjeras, pero luego se sumaron al negocio peruanos vinculados al poder político. Mediante estos contratos la parte del león se la llevaban los consignatarios dejando las migajas al gobierno peruano. Generalmente el atractivo consistía en vincular a la explotación y exportación de una cantidad determinada de guano la emisión de bonos que eran colocados principalmente en el mercado europeo.
Más tarde siendo ministro de hacienda Nicolás de Piérola, se liquidó el sistema de consignaciones y fue reemplazado por el “Contrato Dreyfus”. Mediante este contrato la casa comercial Dreyfus asumía el monopolio de exportación y comercialización del guano a cambio de un cuantioso empréstito que sirvió para cancelar intereses y capitales de bonos vencidos; con el excedente se continuó el ambicioso plan de construcción de ferrocarriles y otras obras públicas.
LOS FERROCARRILES
Los contratos de construcción de ferrocarriles con el norteamericano Henry Meiggs también significaron despilfarro y corrupción. Un descendiente del funcionario encargado de la contabilidad del empresario yanqui, posee una libreta con anotaciones de las numerosas “coimas” repartidas entre los principales funcionarios gubernamentales de aquella época. Pero Meiggs no solo repartía comisiones, sino también las recibía de los propietarios de terrenos expropiados y pagados a precios exagerados; de hacendados y mineros interesados en el trazo de las vías ferroviarias lo más cerca posible de sus empresas; y de otros para quienes los ferrocarriles significaban beneficios directos o indirectos.
EL CONTRATO GRACE
A mediados de 1870 el gobierno peruano dejó de pagar el servicio de la deuda externa, lo mismo sucedió durante la Guerra del Pacífico y en lo que restó de la década del 80. En 1889 se llegó a un acuerdo con el representante de los tenedores de bonos no cancelados, mediante el denominado “Contrato Grace” en reconocimiento al nombre del negociador Miguel P. Grace. La discusión de este convenio apasionó a la opinión pública de entonces, suscitándose un largo debate en el parlamento, encargado de aprobar el contrato. La oposición minoritaria, encabezada por José María Químper, empleó todo tipo de métodos para dilatar el debate. Al no ser doblegada, el gobierno acordó desaforar a 30 diputados opositores y convocar a nuevas elecciones. Un año después, con un parlamento más dócil, se aprobó el contrato denominado “Aspíllaga – Donoughnore”, en homenaje a quienes lo suscribieron en nombre del Perú y de los tenedores de bonos.
La acusación central contra el contrato era de entreguismo y corrupción. Por éste perdimos todos los ferrocarriles, entregamos parte de la producción del guano, las minas de mercurio de Huancavelica, y de carbón de Ancash, cedimos el control de determinadas aduanas y millones de hectáreas de tierras en la Selva. Así nació la poderosa Peruvian Corporation, que hasta la década del 70 controló la red ferrocarrilera del país.
A cambio de todas estas concesiones el gobierno peruano quedó liberado de sus obligaciones respecto a los empréstitos de 1869, 1870 y 1872, y recibió 250 mil soles al firmar el contrato y 200 mil libras esterlinas en 20 anualidades.
La aventura del guano y el salitre significó poco beneficio para el pueblo peruano. Los principales usufructuarios de estas riquezas fueron empresas financieras y constructoras extranjeras y grupos de peruanos que se constituyen en naciente burguesía, agrupándose luego alrededor de Manuel Pardo, y así formaron el PARTIDO CIVIL, que tuvo influencia en el país entre 1872 y 1920.
A partir de 1876 el gobierno no recibió nuevos préstamos externos. En las primeras décadas de este siglo, con la excepción de los préstamos otorgados por el Banco Alemán Transatlántico, el Banco de París y de los Países Bajos y la Sociedad General (francesa) para adquirir los cruceros Grau y Bolognesi.
Los gobiernos se limitaron a obtener algunos pequeños empréstitos de empresas que operaban en el país como la Gildemeister.
LOS EMPRESTITOS DE LEGUÍA
Pero durante el oncenio Leguiístico se reinició la ronda de créditos externos para construir obras públicas en Lima, para el plan de irrigaciones dirigido por el norteamericano Sutton, para cubrir los gastos del plebiscito de Tacna y Arica, para necesidades de la Defensa Nacional y para cancelar intereses de préstamos anteriores. El más importante de estos préstamos fue el denominado Empréstito Nacional Peruano, cuyos bonos fueron emitidos en dos series. La primera fue adquirida por los banqueros neoyorquinos J. y W. Seligmar y The National City Company, y llegó a 50 millones de dólares, la segunda fue adquirida por los mismos banqueros, la tercera por igual, pero no fue colocada debido a la quiebra de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929.
Estos créditos fueron garantizados con casi todas las rentas del gobierno, permitiéndose a los acreedores la supervisión de la economía mediante el nombramiento de un director para la Compañía de Recaudación de Impuestos y de otro en el Banco de Reserva del Perú. Curioso antecedente: hasta hace poco el Fondo Monetario Internacional, fiscalizó nuestra economía a través de un funcionario brasileño Valdemar, con sede en el Banco Central de Reserva del Perú.
EL TRIBUNAL DE SANCIÓN
Al caer el gobierno de Leguía se constituyó el Tribunal de Sanción, el cual hizo varias acusaciones al régimen fenecido, siendo una de ellas la corrupción. Se le atribuyeron varios hechos sospechosos: la entrega de la Brea y Pariñas, mediante el Laudo de la cesión a perpetuidad de todos los ferrocarriles y haber recibido comisión en los empréstitos y en los contratos de obras públicas.
La acusación de recibir comisiones sobre los empréstitos extranjeros fue comprobada por la investigación que el senado norteamericano hizo sobre operaciones de sus banqueros con países extranjeros, luego de la quiebra de la Bolsa de Nueva York.
Al respecto J.K. Galbraith, en su libro “El Crac del 29”, dice lo siguiente: “A fines de 1927, Juan Leguía, hijo del presidente del Perú, recibió 450,000 dólares de J. & W. Seligman Company y de la National City Company (la holding del National City Bank), por sus servicios en relación con un préstamo de 50 millones de dólares que estas casas acordaron a Perú. Los servicios de Juan, según testimonio posterior, fueron de un tipo más bien negativo: Cobró por no obstaculizar el acuerdo”.
Jorge Basadre en su “Historia de la República del Perú”, coincide con el economista norteamericano respecto a Juan Leguía y a la corrupción reinante entonces en base a los créditos externos. La crisis económica del mundo capitalista fue factor importante para la caída de Leguía y el ascenso al poder del comandante Sánchez Cerro.
EL PERÚ CONTEMPORANEO
Sin recurrir a préstamos externos, el Gral. Oscar R. Benavides, emprendió un ambicioso plan de obras públicas, destacándose por su trascendencia la carretera Panamericana, que atraviesa el Perú de Norte a Sur.
A Benavides le sucedió Manuel Prado y a éste José Luis Bustamante y Rivero. Ambos también iniciaron la construcción de obras públicas como la hidroeléctrica de Huallanca, la siderúrgica de Chimbote y las carreteras de penetración a Pucallpa y Jaén. Pero el monto del gasto público en inversiones fue reducido por la ausencia de los créditos externos. Asimismo, la cesión de riquezas naturales en favor de empresa extranjeras fue insignificante, al no tener interés las transnacionales es este tipo de negocios.
El APRA, en ese entonces la principal oposición, acusó a los gobiernos de Sánchez Cerro, Benavides y Prado de vendidos e hipotecados al imperialismo yanqui, además de lacayos de los “barones del algodón y el azúcar” de ineptos y corruptos. Y en cuanto a Prado, en sus publicaciones lo trataron de “hijo del traidor”, en referencia a su padre el Gral. Mariano Ignacio Prado, que abandonó la presidencia de la República, en plena Guerra con Chile, con el pretexto de adquirir pertrechos de guerra en Europa, los cuales jamás llegaron, desapareciendo asimismo el monto de la colecta que los peruanos hicieron con tal fin.
A su turno, los enemigos del partido de Haya, los acusaron de pretender entregar el petróleo al imperialismo yanqui a través del contrato de Sechura, de recibir coimas para aprobar la renegociación de la deuda externa dejada por Leguía, de corrupción en el manejo de los municipios que dirigieron, en el reparto de víveres a los “estanquillos” en manos de sus militantes, en el otorgamiento de las cuotas de divisas para importar, etc.
LA MISIÓN KLEIN
Odría gobernó dentro de normas económicas liberales recomendadas por la misión norteamericana Klein. Con el objetivo de promover la confianza de los inversionistas extranjeros, aprobó el acuerdo de cancelación de la deuda contraída por Leguía, que se dejó de pagar en 1931.
El gobierno de Odría aprobó la Ley N° 11780 o Ley del Petróleo y un nuevo Código de Minería, leyes en las cuales se establece toda clase de facilidades para el inversionista foráneo: garantías para reexportar sus capitales intereses y utilidades, estabilidad tributaria por 25 años, eliminación de la tradicional “regalía” en favor del estado, introducción de instituciones ajenas a nuestra tradición legal como el “factor agotamiento” etc.
Acogiéndose a la Ley 11780, diversas empresas nacionales y extranjeras obtuvieron concesiones en Sechura que luego fueron abandonadas por resultar improductivas, con excepción de las otorgadas a Petrolera Peruana que años después en el gobierno de Prado, las cedió a Belco Petroleum Corporation.
El Código de Minería sirvió para entregar nuestro cobre y hierro a las empresas norteamericanas Southern Peru Copper Corporation y Marcona Mining Company, en condiciones lesivas al interés nacional.
Durante este gobierno hubo una relativa bonanza económica debido a los altos precios de nuestros productos de exportación originados en la guerra de corea y también por la reapertura del crédito externo luego del arreglo definitivo del pago de la deuda dejada por Leguía. Esto determinó el inicio de un ambicioso plan de obras públicas y lógicamente la ya conocida venta de influencias y reparto de comisiones. Al general Odría y varios de sus colaboradores, los contratistas de obras públicas “generosamente” les regalaron suntuosas mansiones amobladas al gusto del cliente.
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Cuando Odría dejó el poder (1956), la oposición parlamentaria lo atacó duramente, por su actitud dictatorial, pero sobre todo por corrupto. El diputado democristiano Héctor Cornejo, demostró que con los ingresos percibidos por el ex-presidente, no hubiera podido adquirir ni la décima parte de los bienes que ostentaba. Pero la mayoría parlamentaria no permitió profundizar las investigaciones de esta y otras denuncias, prefiriendo el tradicional “borrón y cuenta nueva”.
El gobierno de Prado tampoco se caracterizó por su rectitud moral. Surgieron varios escándalos: el de los teletipos, el caso del astillero Verolme, las irregulares cuotas para el comercio interno del café, el comercio humano de chinos, etc.
El arquitecto Belaunde se presentó como reformista y moralizador. Ya en el gobierno no sancionó a nadie, por el contrario creó un nuevo estamento de ricos en base del tráfico de influencias políticas.
BELAUNDE Y EL CARLISMO
Al final de su primer gobierno Belaunde fue acusado de corrupción, por la oposición y la mayoría de dirigentes de su partido. A su círculo íntimo se les llamó “Carlistas” (varios se llamaban Carlos). Sonados fueron los casos de contrabando, pero la mayoría quedaron sin sanción. Su gobierno terminó con un gran escándalo: la pérdida de la página 11 del contrato celebrado con International Petroleum Company respecto a los yacimientos de la Brea y Pariñas. Causó tal conmoción el hecho que se generalizó la idea favorable al relevo del presidente. El golpe militar se produjo poco después.
RODRIGUEZ PASTOR Y KUCZYNSKI
Uno de los primeros actos del gobierno del Gral. Velasco, fue la anulación del contrato con la empresa yanqui y la expropiación de las instalaciones de extracción y refinación del área de la Brea y Pariñas. Pocos meses después estalló el primer escándalo del régimen al conocerse que International Petroleum Company, propietaria de la red de distribución de gasolina y otros derivados del petróleo, no habían entregado el producto de las venta a Petroperú, sino lo había transformado en dólares y remitido a su casa mayor. Pero esta operación ilegal contó con la colaboración del gerente del Banco Central de Reserva del Perú: Carlos Rodríguez Pastor y el sub gerente Pedro Pablo Kuczynski, quienes huyeron del país ante la orden de captura emitida por el gobierno.
El escándalo trajo como consecuencia política la caída de los ministros de Economía y Finanzas y de Fomento de Obras Públicas.
La turbia vinculación de Rodríguez Pastor y Kuczynski tiene vieja y sucia raigambre. Nombrarlos ministros en carteras vinculadas con los contratos petroleros demuestra complicidad de Belaunde con las transnacionales del petróleo. Probablemente financiaros su campaña electoral.
El gobierno de Velasco inició importantes reformas económicas y sociales como la reforma agraria, la creación de empresas de propiedad social, la expropiación de importantes empresas de propiedad extranjera, etc. Pero no fue tampoco ajeno a la corrupción. A pesar de ser un régimen dictatorial menudearon las denuncias por negociados y corrupción. No pocos funcionarios, sobre todo los de las empresas públicas, se enriquecieron.
MORALES BERMUDEZ
El gobierno de Morales Bermúdez, representó el comienzo del retroceso en cuanto a reformas. Durante sus cinco años de gobierno, el ritmo de construcción de obras públicas disminuyó debido a la crisis.
Durante las dos fases del gobierno militar se facilitó el enriquecimiento ilícito por la falta de una opinión pública vigilante, ya que los medios de comunicación de masas se doblegaron ante el poder en a 1ra Fase, y a partir de 1974 pasaron a pertenecer al gobierno.
No se convocaron licitaciones ni concursos públicos, otorgándose las obras de construcción a quien más influencia tenía, a quien más ofrecía. Casos clásicos constituyen en Majes, los puertos de Paita y Puntilla, la refinería de Zinc, la planta de Negro de Humo, y las hidroeléctricas de Charcani V, Macchu Picchu y Carhuaquero. Parte de estas obras se construyeron durante el gobierno de Belaunde, quien como candidato criticó los contratos y como presidente se acondicionó a ellos.
EL SEGUNDO BELAUNDISMO
Los 5 años del segundo Belaundismo, en cuanto a corrupción, aventajan a cualquier régimen anterior. A los pocos meses de su gobierno, estalló el primer escándalo: el caso Sanitas, el caso Vollmer, el alquiler-venta de dos barcos mercantes, la adquisición e instalación de mercados prefabricados españoles, la compra sin licitación de maquinarias para los municipios (INFOM), la contratación sin licitación de la carretera de Chancay-Huacho-Sayan-Churin-Oyón-Tambo, convenio otorgado a un grupo español por 176 millones de dólares, sin contar con estudios de ingeniería, las concesiones de tierras eriazas, los malos manejos en los bancos industrial, minero, popular e internacional, etc.
A los casos citados habría que agregar los miles de contrabandos cometidos con anuencia de las autoridades del sector, y también numerosos casos de narcotráfico como los de “Mosca Loca”, los Hermanos Rodríguez López, en el que resultaron comprometidos numerosos jefes de la PIP y nombres de los más altas jerarcas del gobierno de Belaunde como Luis López Vergara, secretario de Luis Pércovich Roca.
LA LEY KUCZYNSKI
Por su magnitud y sus características especiales, ocupa un primerísimo lugar en la Historia Republicana del Perú, el caso de la Ley N° 23231 o Ley Kuczynski. Sostengo que el fraude cometido a través de la ley 23231 y sus decretos complementarios, debe ser sancionado con todo rigor, no sólo por la magnitud del daño económico hecho al país, sino también por existir pruebas indiciarias que un grupo de malos peruanos, encaramados en lo más alto del gobierno Belaundista, se coludieron para favorecer económicamente a empresas extranjeras, en detrimento de su propia patria.
Si escándalos como el de Guvarte y Vollmer han merecido la acusación constitucional contra sus autores, siendo el monto de la defraudación infinitamente menor; si el descubrimiento de la banda de los Hnos. Rodríguez López ha constituido elemento decisivo para reorganizar las fuerza policiales, creo que las pruebas exhibidas en esta investigación sirven para procesar política y judicialmente a los principales autores de este fraude, por grande que sea su poder económico, social y político.
